El sector industrial manifestó su rechazo a la decisión del Gobierno federal de emitir un ordenamiento que impediría, en la práctica, la inversión nacional y extranjera en proyectos de generación de energías renovables y lo atribuyó a un criterio cerrado.
Esta decisión no solamente afecta el tema de la inversión privada nacional y extranjera en proyectos que generarían empleos y nos ayudarían como país a avanzar en el equilibrio entre energías renovables y las provenientes de recursos no renovables, como es el petróleo;
Sino que nuevamente es un mensaje contradictorio que en medio de la pandemia del coronavirus y justo cuando México debe generar certeza al interior y al exterior para promover la inversión productiva en un tema tan relevante para las nuevas generaciones, se decide tomar una decisión que a todas luces solamente responden a un criterio cerrado de los titulares de la Secretaría de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad, afirmó Francisco Cervantes, presidente de Concamin.
En un comunicado, el organismo empresarial afirmó que la titular de la Sener, Rocío Nahle, junto con el de la CFE, Manuel Bartlett han realizado repetidos intentos para modificar la normatividad del sector eléctrico nacional.
AMPLIO RECHAZO PÚBLICO
Primero fue un Pliego Petitorio de la CFE a la CRE en diciembre de 2019. Y después, el 29 de abril, el Acuerdo para Garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del Reconocimiento de la Epidemia de Enfermedad por el Virus SARS-CoV2 (Covid-19), emitido por el Cenace, mismo que recibió amplio rechazo público.
Finalmente, el viernes 15 de mayo la Sener envió a la Conamer el Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, solicitándole la exención de MIR (análisis de impacto regulatorio) como paso para proceder a la inmediata publicación en el Diario Oficial de la Federación y entrar en vigor.
La Concamin advirtió que esta última medida significa una plena vulneración del Estado de Derecho, el otorgamiento de facultades extra legales a la CFE en relación con la planeación y operación del SEM y probable abuso de autoridad de parte de la Sener, entre otros.
Ante este panorama, algunas de las empresas generadoras afectadas por estas disposiciones han recurrido al amparo, y seguramente otras harán lo propio en los próximos días, independientemente de recurrir a arbitrajes internacionales de inversión, manifestó Concamin.
